Ana Ollo, la caprichosa repartidora de publicidad institucional

Es un secreto a voces que el dinero de los impuestos, aparte de para pagar la Educación y la Sanidad, y los sobrecostes de la mala gestión de la Educación y la Sanidad, también sirve para premiar a los medios afines al gobierno.

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Navarra Suma, sin ir más lejos, ha reclamado la dimisión o cese de la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, por su responsabilidad durante la anterior legislatura en el reparto político de publicidad institucional, tal y como ha reconocido una reciente sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) favorable a navarra.com.

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La coalición subraya que la sentencia del TSJN es contundente al señalar que el modelo de reparto del Gobierno de Navarra “ha vulnerado los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como el derecho a la información al no haberse dado a la demandada la posibilidad de participar en procedimientos, infringiéndose igualmente el principio general de transparencia y resulta contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con los principios generales que deben respetarse en la actuación administrativa”.

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En opinión de NA+, queda claro que se estableció un sistema que, en vez de basarse exclusivamente, como exige la normativa navarra, en datos objetivos de difusión de los distintos medios de prensa, también los digitales, incluyeron arbitrariamente ‘criterios políticos y lingüísticos’, que sirvieron para justificar la inserción de publicidad en medios afines como Gara o Berria, con mucha menos difusión que navarra.com como declara probado el TSJN.

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Un atropello contra la libertad de expresión

Desde Navarra Suma han denunciado que mantener a la consejera supone avalar un modo de hacer política que el TSJN ha declarado que supuso la imposición de un modelo viciado por la vía de hecho y que la jurisprudencia califica de “actuaciones burdas cercanas a la idea de atropello o abuso de la fuerza”, un abuso que, en este caso, tiene la finalidad de limitar la libertad de expresión de los medios, que podrían ver reducida o limitados sus ingresos de publicidad institucional, como le ocurrió al medio recurrente.

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Finalmente, Navarra Suma reclama que las empresas del sector de comunicación tengan garantizada la igualdad de condiciones al acceder a la publicidad institucional, un derecho que claramente vulneró la consejera Ollo y también el entonces director general de Comunicación, Pedro María Pellejero.

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Esto no sólo es también corrupción, sino un tipo peor de corrupción

El hecho es que la izquierda española, no digamos el nacionalismo, como se está viendo en el caso de Chaves y Griñán tiene normalizada la idea de que robar al contribuyente no es corrupción si el dinero no va al bolsillo del político que lo reparte, sino a medios, plataformas y grupos afines. Como si comprar el poder con el dinero de todos, favoreciendo por ejemplo a medios afines o comprando su complicidad, no fuera también corrupción. Es más, como si no fuera una corrupción todavía peor. O sea, el gobernante que nos quita el dinero para hacerse una piscina evidentemente hace el mal. Pero el que que nos quita el dinero para comprar el poder y perpetuarse en él no sólo nos quita el dinero igual, sino que además nos quita la democracia. Objetivamente el daño de hacerse una piscina es mucho menor.

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