Dejar las restricciones de derechos en manos de los tribunales superiores de Justicia también fue ilegal

He aquí una noticia cuanto menos curiosa. Preocupante también. El Tribunal Constitucional ha anulado la reforma del gobierno que dejó en manos de los Tribunales Superiores de Justicia el aval judicial a las restricciones sanitarias aprobadas por las comunidades autónomas durante la pandemia. Pero bueno, ¿hay algo que este gobierno haga hecho alguna vez dentro de la ley?

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Lo realmente llamativo, sin embargo, es que todos los Tribunales Superiores de Justicia de todas las comunidades, salvo el de Aragón, que presentó la cuestión de inconstitucionalidad cuya resolución ahora nos ocupa, abrazaran la reforma del gobierno y se lanzaran alegremente a respaldar o a dejar de respaldar (normalmente respaldar) las restricciones de derechos promovidas por cada gobierno autonómico en un marco ilegal.

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Una de las cuestiones más preocupantes que nos ha dejado la pandemia es de hecho la constatación de que, en primer lugar, aquí el gobierno, o en su caso los gobiernos autonómicos, han podido declarar estados de alarma ilegales, cerrar ilegalmente el Parlamento, o restringir ilegalmente derechos fundamentales sin que el poder judicial protegiera a los ciudadanos -salvo acaso a posteriori-de otros tantos atropellos de la administración. En segunda lugar, no menos preocupante, es que todas esas ilegalidades y todos esos atropellos de los derechos fundamentales se han producido sin que ninguno de sus responsables haya tenido que responder por ello. Ni política, ni judicialmente. El estado de derecho es o que los gobernantes también se sometan a la ley, o que paguen por no hacerlo. Aquí ni lo uno ni lo otro, por lo que cabe dudar con razón si lo que tenemos merece realmente el nombre de estado de derecho.

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