El contrato de la Comunidad de Madrid con una empresa en la que trabajaba el hermano de Ayuso ha servido no sólo para desatar una crisis interna digna de una novela de intriga en el seno del PP, sino también para poner de manifiesto una vez más la doble moral con la que la izquierda se suele manejar y que de hecho constituye una de sus características más reseñables. De este modo, en los raros momentos en los que la actualidad nos ofrece un respiro, suceden cosas como que alguien recuerda el caso de aquella concejal de Aranzadi-Podemos en el Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, la cual la legislatura pasada tuvo su momento de gloria cuando el 1 de abril de 2016, en la Junta de Gobierno Local, aprobó con su voto la concesión de un contrato de 130.000 euros a la asociación Yoar, presidida por su hermana.
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Pues fíjate, en el Ayto de Pamplona, cuando gobernaba @ehbildu, una miembra del equipo de gobierno, de @Podemos, participó en una reunión que sirvió para adjudicar un contrato a una empresa presidida por su hermana. Siguió en su cargo y acusó a la prensa por la información.
— Chon (@Cholati) February 24, 2022
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Una edil de Pamplona se niega a dimitir tras votar a favor de un contrato a una empresa ligada a su hermana https://t.co/hTe6cwxITT
— EL PAÍS España (@elpais_espana) May 11, 2016
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¿Qué hizo esta concejal y qué hizo Podemos para mostrar el nivel de exigencia de sus estándares éticos y marcar el camino a los demás? Pues nada. Desde luego no dimitió. No sólo eso, atacó a la prensa por publicar el caso alegando que sólo fue “un pequeño error”, que “No conocía el reglamento. Me despisté”, y que “Ha sido un pequeño error, un lapsus sin mala fe”.
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Lo cierto es que el Ayuntamiento puede contratar con una empresa en la que trabaja o de la que es propietario un pariente de un concejal, lo que no puede hacer el concejal es participar en la votación y aprobación de ese contrato a la empresa de su pariente. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, para esos casos, señala que los cargos públicos deben abstenerse de participar en la votación y ejecución de asuntos en los que los “administradores de entidades o sociedades interesadas” tengan parentesco de “segundo grado de afinidad”.
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Por consiguiente, no hay ningún problema, por ejemplo, en el caso de Ayuso con su hermano, salvo que se demostrara que Ayuso participó directa o indirectamente en la contratación. En el caso de la concejal de Podemos, por el contrario, sí que hubo un flagrante quebrantamiento de la ley, ya que la concejal sí participó en la votación. Por supuesto el cuatripartito, que ahora brama contra Ayuso, apoyó y sostuvo a la concejal, reconociendo la irregularidad pero alegando que la asociación de la hermana favorecida por el contrato no tenía ánimo de lucro. Igual que la Universidad de Navarra, por ejemplo. ¿Se imaginan a un concejal o un consejero de la derecha votando un contrato con una sociedad sin ánimo de lucro presida por su hermano o financiar un proyecto de la UNAV dirigido por su hermano?
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Hemen ez duzue EH Bildu ikusiko. Ustelkeria kasu bat bera ere ez, Euskal Herriko lehen indar munizipalista izanda. Gure ikurra da.
¿Y @ehbildu? Primera fuerza municipal en Euskal Herria. Casos de corrupción: Cero. Nuestra seña de identidad. pic.twitter.com/W4hSdL4iD6
— Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) February 20, 2022
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Joseba Asirón, el entonces alcalde de Bildu, organizó una comisión que tan sólo llegó a la conclusión de que “Ha sido un error muy grave que no tiene que volver a pasar”. Y chispún. Claro que hace unos días, en la lista de cosas increíbles que estamos viendo en estas fechas, hemos visto hasta a Arnaldo Otegui presumir de que en Bildu puede haber todos los asesinos y secuestradores que se quiera, pero no ladrones, por lo que parece que Bildu puede dar lecciones morales a todo el mundo.
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