La noticia de las inmatriculaciones de la Iglesia: los medios o no saben o no quieren contarla bien

Estos días vuelven a ser noticia las famosas inmatriculaciones, el escándalo consistente en que la Iglesia haya osado poner a su nombre en el registro los bienes de su propiedad. Intolerable. Dónde vamos a parar. Y es que de entrada se discute la forma, o sea, el artículo del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre de 1998, que permitió a las diócesis inscribir por inmatriculación en el Registro de la Propiedad los bienes que venían siendo de la Iglesia desde tiempo inmemorial. Esta vía de la inmatriculación concluye con la ley 13/2015 de 24 de junio de reforma de la ley hipotecaria. Ambos hitos de esta historia, por cierto, coincidiendo con gobiernos del PP, tanto el que le dio comienzo como el que le puso punto final. Pero es que también se discute el fondo, o sea no sólo el modo en que se inscribieron las propiedades sino que realmente se tratara de propiedades de la Iglesia. Como si la Iglesia pudiera escribir por inmatriculación cualquier cosa que se le ocurriera. Como si, por ejemplo, la Iglesia pudiera inmatricular cosas que ya estaban registradas como propiedad de alguien. O como si no hubiera que justificar la inmatriculación, o como si no hubiera habido un plazo de un par de años para presentar alegaciones. De hecho no es que la inmatriculación y el registro otorgaran a la Iglesia la propiedad de los bienes registrados, sino que el registro se limita a reconocer y certificar la propiedad previa de esos bienes por parte de la Iglesia.

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Dicho todo lo anterior, todo lo que ha pasado ahora se explica en general mal.

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Todavía gobernando Mariano Rajoy, el PSOE impulsó una proposición no de ley instando al gobierno a elaborar un listado con todos los bienes que la Iglesia había inmatriculado desde el año 98. Esta iniciativa se aprobó en 2017 al llegar Pedro Sánchez a la presidencia. Fruto de esta aprobación, el gobierno elaboró una lista de 34.976 bienes inmatriculados. Pues bien, el gobierno entregó esa lista a la Iglesia a fin de que esta la examinara y certificara los registros.

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Pues bien, la noticia es que de esos 34.976 registros la Iglesia le ha contestado al gobierno que efectivamente 32.401 inscripciones son correctas, las otras 2.575 son errores del gobierno que no deberían estar en la lista.

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Es decir, el gobierno le atribuye a la Iglesia 2.575 registros que no son tales. Estos 2.575 errores del gobierno en la lista se reparten de esta manera y según las siguientes categorías.

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1- Existen 84 inscripciones que el gobierno le atribuye a la Iglesia cuando están registradas a nombre de otras confesiones religiosas.

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2- Hay 111 inscripciones que en el listado del gobierno aparecen repetidas.

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3- Sobre 608 registros de la lista faltan datos para su identificación y las diócesis no han podido determinar a qué bienes se refieren.

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4- Se han detectado 746 bienes incluidos en la lista del gobierno cuyo registro no corresponde al periodo 1998 – 2015 que es el que se analiza, y que por tanto no deberían formar parte de la lista.

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5- En el caso de otros 31 bienes de la lista, a la Iglesia no le consta que los tenga inmatriculados a su nombre.

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6- Otros 691 bienes tampoco deberían estar en la lista ya que se trata de adquisiciones por métodos diferentes a la inmatriculación: compraventas, donaciones, permutas, herencias, etc.

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7- En la lista del gobierno también figuran 276 bienes que no son propiedad de la Iglesia sino de otros titulares por haberse vendido, donado, expropiado, por pertenecer a Ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad.

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8- Finalmente, hay otros 28 bienes sobre los que por motivos diversos se detectan errores o no consta en la diócesis correspondiente información sobre los mismos.

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En definitiva, los medios están repitiendo que la Iglesia reconoce que se quedó con 2.000 bienes que no eran suyos y que tendrá que devolverlos, cuando la verdad es que la Iglesia simplemente ha señalado más de 2.000 errores en el listado del gobierno. La Iglesia por tanto no tiene que devolver nada porque o son bienes que se han incluido en la lista del gobierno por error, o son bienes que el gobierno le había atribuido a la Iglesia pero que en realidad son de otro propietario u otra confesión religiosa, por lo que malamente va a devolver lo que no tiene. La única duda final es si los medios están tergiversando la noticia por desconocimiento o por cristianofobia. Por no mencionar los medios que se limitan a repetir lo que publican otros medios sin contrastar mínimamente los hechos.

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