La teoría criminal de Colau

Esta semana ha tenido lugar un suceso espantoso en Barcelona. Una familia okupa compuesta por una pareja y dos niños pequeños ha muerto en un incendio. Tanto la situación de abandono de la familia inmigrante como el estado del inmueble ocupado eran conocidos por los vecinos y por el Ayuntamiento de Barcelona, los servicios sociales de la ciudad y los Mossos. No obstante nada se hizo y finalmente un incendio ha acabado con sus vidas. Ada Colau elude su responsabilidad y culpa al banco propietario del inmueble como responsable de todo lo sucedido. No se trata además de un caso aislado, en Barcelona sólo este año ha habido ya cinco incendios con víctimas mortales. Otro dato relevante es que Cataluña representa casi la mitad de las ocupaciones de vivienda que se producen en España.

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Una primera moraleja de toda esta historia podría ser que no sirve de nada que la izquierda esté en el poder para solucionar el problema del acceso de la gente a la vivienda. Es decir, se supone -al menos en parte- que las ocupaciones existen y la izquierda les otorga una cierta respetabilidad por la imposibilidad de muchas personas de conseguir legalmente una vivienda. A más gobierno progresista, menos dificultad para conseguir una vivienda. A menos dificultad para conseguir una vivienda, menos okupación. Por el contrario, a la vista de las cifras de Cataluña y de Barcelona, lo que se advierte es que cuanto más izquierdista el gobierno más okupación. O sea, más dificultad para conseguir una vivienda. Desde luego a la familia fallecida de nada le sirvió para tener una vivienda o salvar la vida la presencia en la alcaldía de Colau.

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Por otro lado, resulta muy significativa la reacción al suceso de la propia Colau, argumentando que es el propietario del inmueble, en este caso un banco, el que tiene que hacerse cargo de la familia y de proporcionarle una vivienda en perfectas condiciones. Es decir, los impuestos se le pagan a Colau, no al banco, para que la gente sin techo pueda tener una ayuda pública. Cuando un youtuber se va a Andorra se le reprocha que deje de pagar el dinero con el que una familia que está en la calle pueda ser ayudada por el estado. Nos suben los impuestos pero se justifica ante la necesidad de que nadie necesitado quede atrás. Sin embargo, vemos que la realidad es que la gente paga los impuestos a Colau y después la alcaldesa pretende que sea el banco el que proporcione vivienda y ayuda social a los necesitados. Entonces, ¿para qué queremos a la administración y para qué pagamos impuestos?

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De todo lo anterior se podría inferir que la política social de la izquierda en materia de vivienda es la okupación. O sea, el estado cobra los impuestos pero no ofrece ninguna salida a las personas con problemas para conseguir una vivienda. La solución que les ofrece es okupar un inmueble particular e impedir al propietario del inmueble expulsar a los okupas, que se quedan a vivir en el inmueble aunque sea un inmueble ruinoso, aunque practiquen enganches a la electricidad totalmente ilegales y carentes de la mínima seguridad. El estado no ofrece una alternativa real que justifique los impuestos, proteja al propietario y ofrezca una salida a la gente necesitada: un cheque vivienda, por ejemplo. La okupación no es sólo una consecuencia de la política de vivienda de la izquierda, es la política de vivienda de la izquierda.

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Como se ha visto, Colau no ofrece ninguna solución de calidad a la gente en el problema de la vivienda. Por el contrario, disuade a casi todo el mundo de comprar una vivienda como inversión o como fuente de una renta. Compras un inmueble, te lo okupan, la administración no hace nada, y si les pasa algo a los okupas encima el culpable eres tú. ¿Cómo va a haber oferta de vivienda si para ofrecer una vivienda tiene que haber un propietario y se desprotege por completo la propiedad?

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Otro problema colateral que genera la izquierda en el gobierno es que un inmueble no valga nada como garantía, lo que dificulta el acceso al crédito o la vivienda. Es decir, una vivienda no sirve como garantía si puede ser okupada, o si el inquilino puede dejar de pagar y el propietario no sólo no puede recuperar la propiedad, sino que tiene que hacerse cargo del inquilino en vez de la administración, la cual además, después de negarle el desahucio, le responsabiliza de cualquier desgracia que pueda pasar. En esas condiciones, ¿qué valor como garantía tiene una vivienda para un banco? Y por esta pendiente, ¿cómo consigue entonces la gente un crédito para acceder a una vivienda cuando la vivienda suele ser la garantía del crédito?

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Finalmente está la cuestión de si Colau, a la luz de su propio discurso, no es ahora una criminal. O sea, Colau llegó a su posición apoyando a las plataformas anti desahucios, prometiendo solucionar los problemas de vivienda y llamando criminales a los banqueros, esto último literalmente. Cuando alguien se suicidaba tras haber sido desahuciado, pudiera establecerse o no un vínculo directo entre el suicidio y el desahucio, la culpa del suicidio se le atribuía a los responsables políticos. ¿De quién es la culpa de los suicidios post desahucio o de los incendios en las casas okupadas ahora que gobierna la izquierda? Es decir, no es que seamos nosotros quienes llamamos criminal a Colau por lo que ha pasado (lo que sí le llamamos es mentirosa, hipócrita, demagoga o inepta), la pregunta es si no sería la propia Colau del pasado la que tendría que llamar criminal a la Colau del presente en coherencia con su discurso.

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