Omicron: la libertad en la UCI

Otra vez se nos está mintiendo y otra vez se nos está mintiendo para imponer restricciones y limitaciones de derechos fundamentales difícilmente justificables. Esto además no tiene nada que ver con creer o no creer en las vacunas. Es decir, se puede creer perfectamente en la conveniencia de vacunarse y no obstante ser perfectamente conscientes de que se nos está mintiendo y de que se está estigmatizando, persiguiendo y criminalizando a un porcentaje de la población en nombre de unos éxitos sanitarios o de unas amenazas que de ningún modo se van a producir. Analicemos los datos.

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Cuando se empezó la campaña de vacunación, se estableció una población diana constituida por los mayores de 12 años. Se excluía a los menores por dos motivos. En primer lugar porque entre los menores de 12 años la mortalidad por el virus es extraordinariamente rara, y en segundo lugar porque a fin de cuentas hablamos de vacunas aprobadas para un uso de emergencia y con un conocimiento limitado sobre sus efectos a largo plazo. Actualmente en España el 89,3% de la población diana ya está vacunada con la pauta completa, el 91% si ampliamos el abanico hasta los vacunados con al menos una dosis.

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Si nos fijamos en la población menor de 13 años, que es la que menos está vacunada porque no era diana, atendiendo a los datos oficiales del INE nos encontramos con que en el año 2020 sólo hubo un máximo de 10 niños en esa franja que murieron por COVID (o con COVID). Sin embargo, hubo 76 que murieron en accidentes de tráfico, 26 por caídas accidentales y 48 por ahogamiento. En este segmento de edad, por consiguiente, tenemos un problema mucho mayor con las piscinas que con el COVID. Si quieren reducir la mortalidad en esta franja sería mucho más eficaz cerrarles las piscinas a los menores de 13 años que vacunarlos. Es decir, es mentira que se vaya a rebajar la mortalidad por COVID por vacunar a los menores que hasta hace cuatro días no eran población diana. Si se les obliga a vacunarse o se les reprime no será por una justificación sanitaria. Con esto no queremos decir a nadie que tenga que vacunar o no vacunar a sus hijos, sino que no existe una necesidad general que justifique imponer la vacuna.

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Excluido el grupo de los menores, que no va a marcar una diferencia en los resultados de la pandemia se les vacune o no se les vacune, el resto de la población se encuentra vacunada al 90%, por lo que tampoco aquí se puede esperar que vacunar forzosamente a ese 10% restante fuera a marcar una gran diferencia, o por lo menos una diferencia de tal magnitud que justificara su persecución, por no mencionar otros problemas como la caducidad o la idoneidad del pasaporte de vacunación.

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Alguien que ya ha haya pasado el COVID y tenga inmunidad natural, por ejemplo, ¿acaso está menos protegido contra el COVID que un vacunado? No digamos si ese vacunado hace ya 6 meses que fue vacunando, o fue vacunado con Janssen. Por otro lado, si resulta que la vacuna apenas es eficaz frente a la nueva variante Omicron, ¿de qué vale ya el pasaporte de vacunación? Cuando haya una vacuna específica contra Omicron, llegados a ese supuesto hipotético, ¿le negarán el pasaporte a alguien que sólo se haya puesto esa vacuna y se lo darán a otro que no la tenga pero tenga tres pinchazos de la vacuna anterior?

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Muchas personas temen a la vacuna porque han visto que el Kun Agüero tiene un problema cardíaco, aunque quizá no saben que el Kun ya tenía antecedentes de problemas cardíacos antes de vacunarse. O que el futbolista danés Eriksen, que también sufrió recientemente un paro cardíaco en el campo, todavía no se había vacunado al sufrirlo. Sólo en España unas 120 personas morían al año antes de la pandemia haciendo deporte, por lo que los ataques de “repentinitis” no parecen tan repentinos como se pintan, a menos que esas 120 personas se conviertan este año en 12.000 fallecidos. Estaremos atentos. ¿Pero por qué esto no lo explica el gobierno? Cierto que cuando el gobierno daba información constante sobre la pandemia lo que hacía básicamente era desinformarnos, decir una cosa y después la contraria y llegar a hacer recomendaciones contraproducentes, o sea que mejor el silencio que la desinformación, pero mejor la información que el silencio, y desde luego mejor la persuasión que la imposición.

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En este sentido también hay muchas personas que sienten reparos no ante las vacunas en general, sino frente a “esta” en particular. Lo cierto sin embargo es que ante el coronavirus existe una batería de distintas vacunas disponibles basadas en distintas tecnologías. Si alguien desconfía de la vacunas basadas en el ARM mensajero, ¿por qué no puede elegir una vacuna basada en la metodología tradicional? ¿No sería eso mejor que no vacunarse o mejor que crear una sociedad dentro de la sociedad en la que 4 millones de españoles vivan en un siniestro apartheid? ¿Por qué no dar alternativas en vez de imponer?

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No confiar en la libertad de la gente es problemático por varias razones. La democracia se basa en la confianza en la gente aunque no sea experta en medicina, como tampoco lo es en economía, ni en derecho, ni en relaciones internacionales, ni en seguridad. Sin embargo es la gente la que, supuestamente al menos, decide lo que tienen que hacer los gobernantes y no a la inversa. El gobierno siempre piensa de sí mismo que lo hace todo bien, por lo que no es insensato que la gente, que aunque a lo mejor no sepa mucho sobre política sabe cómo le va de bien o de mal con el gobierno que tiene, pueda ser la que decida si debe haber un cambio en vez de decidirlo el propio gobierno. Incluso no confiando demasiado en la gente hay todavía dos alternativas: el totalitarismo y el libertarismo. El libertario ni quiere decirle al vecino cómo tiene que vivir ni quiere que el vecino se lo diga a él. Escuchar los argumentos del vecino sí, que el vecino le imponga sus argumentos no. Por tanto el que no cree en la democracia ni en el libertarismo prácticamente se puede concluir por descarte que es un totalitario. Con todo este asunto de la pandemia estamos descubriendo muchos más vecinos y gobernantes totalitarios de los que sospechábamos.

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Si por otro lado el 100% de la población quisiera vacunarse, por si acaso tal vez habría que prohibir a toda costa vacunarse al menos a una pareja fértil heterosexual. Recordemos que estamos hablando de un virus nuevo y de unas vacunas aprobadas para un uso de emergencia. O sea, a lo mejor es hasta prudente y sensato que haya un pequeño porcentaje de la población que no se quiera vacunar. Al final, empecemos por donde empecemos la reflexión, al contrario que el gobierno siempre acabamos concluyendo y reclamando que queremos menos represión, más información y más libertad.

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