Contra el neocolonialismo ideológico de género de la Unión Europea

La Unión Europea está recurriendo al neocolonialismo ideológico al intentar imponer un acuerdo con carga ideológica en los Estados de África, el Caribe y el Pacífico. Este acuerdo puede obligar a los países a promover la ideología de género.

El acuerdo propuesto obliga a los firmantes, entre otras cosas, a promover, en todos los niveles de la política nacional e internacional, el concepto de género, que no está definido en ninguna ley vinculante de Derecho Internacional. El preámbulo del documento declara que asegurar la “igualdad de género” es la clave para alcanzar el “desarrollo inclusivo y sostenible”.

Sobre el mismo daremos más detalles a lo largo del artículo, aunque adelantamos que su contenido es el motivo por el que desde España – Navarra Confidencial nos hemos adherido a una campaña internacional de firmas digitales titulada STOP al neocolonialismo ideológico, junto a varias entidades europeas y americanas, liderada por el Instituto Ordo Iuris de Polonia.

El centro jurídico previamente mencionado presentará la campaña, en su sede de Varsovia, a día de hoy, a las 14:00 de Varsovia/Madrid, aunque también podrá seguirse vía streaming, en directo, tanto en polaco como en inglés (esta última versión es la que dejamos en el vídeo incrustado entre estos párrafos). Al mismo tiempo, indicamos que pueden firmar aquí:

FIRMAR AQUÍ

La ideología de género en la ofensiva

El concepto de “igualdad de género” se rechaza generalmente no solo en países africanos, caribeños y pacíficos, sino también en Europa. Este término solo está presente en una ley vinculante del Derecho Internacional, la Convención de Estambul, que no ha sido adoptada hasta la fecha en 13 países del Consejo de Europa, con un 43% del total de la población europea.

Neocolonialismo ideológico en la Unión Europea

La Unión Europea trata de firmar un nuevo acuerdo de cooperación con la Organización de Estados Africanos, Caribeños y Pacíficos (OEACP), que es extremadamente peligroso debido a sus consecuencias de lago alcance tanto para los firmantes como para la comunidad internacional entera. El acuerdo se tiene que firmar en un periodo de veinte años y no solo se vincula a la Unión Europea sino también a 106 Estados de África, el Caribe y el Pacífico.

Gracias a este acuerdo, la agenda de la UE alcanzará alrededor del 50% de los votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo cual es suficiente para impulsar la mayoría de las resoluciones. El acuerdo propuesto provee una adopción institucionalizada de posiciones comunes y coordinación de acciones en la arena internacional.

Amenaza ideológica a las naciones del mundo

El resultado de la firma de este acuerdo puede ser la subordinación de una mayoría de Estados-miembro de la Unión Europea a fin de introducir cambios sociales “progresivos”, radicales, justificados por el acuerdo. El establecimiento de este bloque puede, por tanto, habilitar la adopción de ideas con carga ideológica y peligrosas por parte de las Naciones Unidas. ¡No podemos suscribir este tratamiento a las naciones de África, el Caribe y el Pacífico!

Por esta razón, como representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales de varios países del mundo, estamos expresando nuestra firme protesta contra las provisiones del acuerdo de cooperación entre la UE y la OEACP, que está siendo negociado. Nos oponemos a estas proposiciones ampliamente ideológicas.

Manifiesto conjunto de organizaciones ideológicas sobre el acuerdo comunitario ideológicamente prejucioso entre la Unión Europea y los países africanos, caribeños y del Pacífico

Por ello, desde el Instituto Ordo Iuris, en representación de las entidades firmantes, se muestra una rotunda objeción y gran preocupación por el contenido del acuerdo negociado entre la Unión Europea y la Organización de Estados Africanos, Caribeños y Pacíficos (OEACP). El contenido del acuerdo negociado es, en gran medida, radicalmente ideológico por naturaleza, habiendo de ser objetado por la comunidad internacional entera.

En la forma actualmente propuesta, el acuerdo compromete a los firmantes, entre otros, a promover el concepto de género, que no está definido por ninguna ley vinculante de Derecho Internacional, en todos los niveles de política nacional e internacional. El preámbulo del documento declara que asegurar “la igualdad de género” es clave para alcanzar el “desarrollo inclusivo y sostenible”, y la parte posterior del texto se refiere a este como uno de sus objetivos principales. El documento contiene incluso la declaración de la “igualdad de género” como algo que deba ser introducido en la constitución o cualquier otra norma relevante del Derecho nacional de todos los Estados firmantes. Mientras tanto, el término “género” no es comúnmente aceptado ni en África, el Caribe y el Pacífico así como tampoco en Europa en sí misma. La falta de respaldo a este concepto puede ejemplificarse por el hecho de que hasta hoy 13 Estados del Consejo de Europa, donde vive un 43% del total de su población, no han adoptado la Convención de Estambul, única ley vinculante del Derecho Internacional donde este término aparece.

Sobre todo, empero, el acuerdo entre la UE y la OEACP es muy peligroso debido a que su firma tendrá consecuencias de largo alcance no solo para los países firmantes sino para la comunidad internacional entera. Actualmente, el acuerdo entre la Unión Europea y la OEACP está regulado por el Acuerdo de Cotonou, firmado por los entonces 15 Estados-miembro y los 77 miembros de la OEACP, el 23 de junio del año 2000. El acuerdo, para su validez en los próximos 20 años, no solo implicará a la Unión Europea, sino también a los 79 Estados de la OEACP, es decir, 106 Estados en total. Dado que la ONU cuenta actualmente con 193 Estados, cabe destacar que esta cifra está por encima de la mayoría simple de un 50% que se requiere para que la mayoría de resoluciones sean aprobadas por la Asamblea General de la ONU. El texto propuesto del acuerdo provee la institucionalización de la adopción de posturas comunes y la coordinación de actividades a nivel internacional. Esto puede llevar a la creación de un “bloque uniforme” cuyos miembros serán obligados a apoyar las demandas sociales “progresistas” radicales que son jsutificadas por el contenido del acuerdo. La creación de este bloque puede, por ende, activar la adopción de demandas ideológicamente peligrosas en el foro de la ONU.

La adopción, ratificación y garantía de las provisiones del nuevo acuerdo pueden llevar a la ruptura final de la resistencia de un gran grupo de naciones gracias a las cuales, el Derecho Internacional vinculante continuará defendiendo la vida humana y los derechos humanos fundamentales, oponiéndose a las ideologías extremas. Hasta hoy, los Estados africanos, caribeños y del Pacífico han bloqueado la entrada de demandas ideológicas radicales en el Derecho Internacional vinculante. Esto se refiere, por ejemplo, al término “derechos reproductivos y sexuales” que es consistentemente rechazado por el Grupo Africano de la ONU, bajo el cual muchos intentos han sido llevados a cabo para forzar el compromiso de los Estados con la promoción del acceso ilimitado al aborto o la educación sexual vulgar.

El acuerdo mencionado anteriormente es, por ende, un intento de derrotar la existente oposición de los ciudadanos de los Estados africanos y un ataque a su soberanía. La adopción de este documento, en su forma actual, puede resultar, pronto, en el aborto siendo abordado como un “derecho humano” a pesar de las visiones de los ciudadanos de una mayoría de Estados firmantes, y los países que protegen la vida humana podrían ser obligados a cambiar las leyes democráticamente establecidas. Esto significaría una reversión del sistema de derechos humanos contraria al ser humano.

Por tanto, nos oponemos contundentemente a la conclusión, en nuestro nombre, de los acuerdos internacionales bajo el propósito de cumplir con las demandas ideológicas radicales y su exportación a Estados no europeos. Al mismo tiempo, llamamos a los representantes de todos los Estados firmantes a respetar la voluntad de sus ciudadanos y a rechazar las demandas ideológicas actualmente incluidas en el contenido de este documento confuso.

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