El gobierno da un paso más en la demolición de la Transición y estudia la manera de liquidar retroactivamente la amnistía general de 1977, creando una fiscalía especial que persiga los crímenes del franquismo, aunque el límite temporal se dilate hasta 1982, mucho después del franquismo.

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Desde diversas instancias se advierte de que juzgar retroactivamente a los beneficiados por la amnistía del 77 sería inconstitucional, pero quienes así piensan seguramente no entienden todavía contra qué clase de gobierno se la juegan. Por un lado, el gobierno tiene un cierto asidero en el derecho internacional para sostener la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y de lesa humanidad. Desde luego sería muy discutible la amplitud de criterio para incluir bajo ese epígrafe el delito cometido por algún hipotético criminal franquista superviviente aún a estas alturas de siglo, salvo que llamemos genocidio a cualquier cosa o estén pensando en juzgar el cadáver de Franco. Es decir, hay muchas cosas horribles que no son genocidio, ni es un genocida cualquiera que haya hecho una serie de cosas horribles, no digamos si lo que se pretende es juzgar por genocidio el caso de Germán Rodríguez o el de una patrulla de policía que disparó a un coche en un control por pensar que era un comando de ETA. Desbaratar la amnistía del 77 también es más que discutible, pero en todo caso está claro que nada de todo esto va a detener al gobierno para intentarlo. Por otro lado, si todo esto sería constitucional o no lo tendría que determinar un Tribunal Constitucional al que el PP acaba de facilitar una mayoría progresista precisamente para que no resulte un impedimento frente a cualquier ilegalidad que quiera cometer el gobierno.

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Irónicamente, hasta hace muy poco tiempo se nos decía que a quien no le había gustado la amnistía de 1977 fue a la derecha. De hecho, en un artículo de Iñaki Anasagasti en Deia en 2011 podemos encontrar perlas como esta:

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Aquel año se legalizó la ikurriña y la demanda en la calle tenía varios gritos, uno de ellos era aquel de ¡Libertad, amnistía y estatuto de autonomía! La amnistía estaba en el corazón de todas las peticiones. De hecho, desde el batzoki de Abando y diseñada por Josu Bravo, se imprimieron cuatrocientas mil pegatinas solicitando la salida de todos los presos. Amnistia Danon-tzat fue aquella petición que Bravo y Elisabete Bizkarralegorra pusieron en circulación con gran mérito y dedicación distribuyéndolas por todas partes.

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Este otro párrafo del mismo artículo tampoco tiene desperdicio:

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Alianza Popular sostuvo que la amnistía de 1977 no era “buena medicina”. “Operar con el concepto de amnistía, que borra el delito, para hechos atroces de muerte a sangre fría, implacables, proyecta dudas sobre la legitimidad de tales hechos, lo que puede resultar socialmente intolerable y gravemente pernicioso”. Estos fueron los términos que empleó el 14 de octubre de 1977 Antonio Carro, diputado de Alianza Popular y exministro franquista, para oponerse a la Ley de Amnistía que se votaba ese día. Alianza Popular, a diferencia de la UCD, no apoyó la ley. Esa norma no fue una fórmula de los herederos del franquismo para protegerse a sí mismos. No era para ellos, sino que tenía el objetivo contrario: liberar a todos aquellos opositores a la dictadura que aún quedaban en las cárceles.

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Naturalmente cuando la extrema izquierda habla de juzgar los crímenes anteriores a 1982 ó a 1977 sólo tiene en la cabeza la idea de juzgar crímenes no cometidos por la izquierda. Por no mencionar que la amnistía del 77 vació de etarras las cárceles, multiplicó los comandos activos y llenó de sangre las calles de España. ¿Se revisará ahora la libertad de todos aquellos etarras que dejaron sus penas a medio cumplir? Todos sabemos quién gobierna y con quién gobierna y por tanto sabemos que no.

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Las amnistías de la Transición permitieron volver a España a La Pasionaria o a Carrillo, que de otro modo hubiera tenido que ser juzgado por genocidio por las masacres de Paracuellos, en este caso con bastante fundamento. Se nos dice que España es un caso insólito de impunidad de una dictadura anterior, pero toda la Europa del Este se encuentra plagada de países en las que los comunistas, en aras de la superación del pasado y la convivencia, no han tenido que responder por las atrocidades cometidas durante décadas por sus dictaduras. De hecho no deja de resultar bastante irónico que sean comunistas que se niegan a juzgar históricamente las atrocidades del comunismo los que principalmente exigen juzgar al franquismo.

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Por supuesto todo esto, como todo lo relacionado con la memoria histórica, no tiene nada que ver con la justicia, ni con los crímenes del pasado de unos y otros. De lo que se trata es de dividir la España actual identificando a la derecha con genocidas fascistas y a la izquierda con demócratas arcangélicos. No por nada, sino porque la izquierda piensa que esto la puede perpetuar en el poder. Todo lo demás presente o pasado le da exactamente igual, empezando por la verdad.

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