La injusticia del euskera como requisito

Como quien no quiere la cosa, de forma lenta pero constante, se van sucediendo las resoluciones judiciales en las que el nacionalismo vasco, o catalán, quedan retratados por traspasar los límites de la legalidad para establecer algún tipo de imposición. Que no hablemos de un hecho puntual sino de un creciente número de sentencias permite realizar un retrato del nacionalismo por el que, en las sociedades donde gobierna, los derechos de las personas son atropellados de una forma bastante sistemática e ilegal en nombre de la construcción nacional. Y esto incluso teniendo en cuenta la politización de la Justicia y que el conjunto de resoluciones judiciales contrarias al nacionalismo seguramente no reflejan las imposiciones del nacionalismo en toda su verdadera dimensión.

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Naturalmente uno de los campos fundamentales en el que el nacionalismo lleva a cabo sus políticas ilegales de discriminación positiva de unos, y negativa de otros (los castellanoparlantes), es el de la lengua. La semana pasada se produjo en la CAV una noticia significativa y es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tumbó el requisito del conocimiento obligatorio del euskera anulando una resolución del Ayuntamiento de Irún, la cual aprobaba las bases del proceso para cubrir 12 plazas de policía municipal.

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El TSJPV rechazó el requisito de euskera porque “no se compadece con el necesario respeto al derecho de todos los ciudadanos a optar a los empleos públicos”. El tribunal consideró que “no es necesario que todos los agentes de la policía municipal conozcan el euskera para garantizar a los ciudadanos su derecho a relacionarse con la Administración utilizando esa lengua”, y que “sería suficiente con que uno de los integrantes de cada pareja y alguno de los agentes que atienda al público conozcan el idioma”.

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Lo cierto es que hay una España en la que no vivimos. No vivimos en una España en la que haya comunidades, por ejemplo la CAV, en la que unos habitantes sólo hablen euskera y otros sólo hablen español. Es decir, en la CAV o en cualquier otra comunidad existe una lengua común que es el español. Por tanto no hay ningún impedimento para que toda la población de la CAV pueda comunicarse en español, ya sea para entenderse entre sí, ya sea para entenderse con el resto de españoles. Obviamente otra cosa es que alguien que habla español no quiera comunicarse en español, pero entonces es su problema y la administración no debe dedicarse a legislar a favor del que crea voluntariamente un problema de comunicación, mucho menos discriminando al resto de la población. Si alguien no quiere hablar con su interlocutor en una lengua que tanto él como su interlocutor conocen, el problema no es idiomático. Por tanto no se resuelve exigiendo el conocimiento de más lenguas a alguno de los interlocutores.

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Aunque la frontera en disputa es el requisito del euskera, o en su caso del catalán, lo cierto es que ya hemos normalizado totalmente que el euskera no sea un requisito, pero sí un mérito de tal calibre que en la práctica funcione casi como un requisito.

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El TSJPV señala que todos los ciudadanos, incluyendo los vascoparlantes, tienen derecho a optar a los empleos públicos. Lo cierto es que el nacionalismo está creando dos categorías artificiales, en virtud de las cuales los vascoparlantes o catalanoparlantes, por ejemplo, pueden optar a puestos públicos en toda España, lo cual es justo, pero en cambio ni los españoles en general, ni los propios castellanoparlantes de algunas comunidades, pueden acceder a todos los puestos o desde luego no en igualdad de condiciones. ¿Cómo llamaríamos a que los gallegos, los vascos o los catalanes no pudieran opositar o buscar empleo público en el resto de España como mecanismo de compensación? Las lenguas no pueden convertirse en barreras internas a la competencia y al talento.

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Retomando el principio, estamos ya en una fase en la que el nacionalismo lleva sus imposiciones lingüísticas, y otros muchos atropellos, incluso más allá de los límites de la legalidad. Pero es que la discriminación lingüística contra los castellanoparlantes ya se ha normalizado de algún modo dentro de la legalidad, ya sea para acceder a un empleo, a un contrato o a una subvención. Noticias como la de Irún invitan a pensar que, por lo menos, todavía existe una cierta resistencia siquiera en la última frontera que es la legal. Es necesario pero no suficiente. Los dos principales perfiles que debería abordar todo contraataque cultural serían el del castellanohablante que ignora las discriminaciones de todo tipo a las que está sometido, y el del castellanohablante que, conociéndolas, las abraza no ya con sumisión, sino hasta  con casi  felicidad.

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