La seguridad de los barrios como cuestión de propiedad

Inmigración, multiculturalismo e inseguridad urbana son términos que, a día de hoy, están bastante relacionados, que ocupan parte de la preocupación de la sociedad (lógicamente, no de la misma medida en todas las áreas urbanas que a uno se le pudieran venir a la cabeza).

¡Cómo no! Esto viene a ser también, por fortuno, un punto relevante de la campaña electoral de los comicios electorales del próximo 4 de mayo en Madrid (sí, gracias a una sola candidatura, que acertó en su momento empezando a abrir el debate de la inmigración).

Buena parte de los barrios y localidades de la provincia de Madrid considerados como parte de las “zonas obreras” se ven afectados por problemas relacionados con la “okupación” y cierto aumento de la delincuencia (violencia sexual incluida).

En una considerable proporción, cierta problemática se ha incrementado no tanto con los llamados “refugiados” (también es cierto que la proporción islamista es mucho mayor en Cataluña), sino con la afluencia de esos a los que oficial y normativamente se les considera como “menores no acompañados” (MENAS).

No solo Moncloa, bajo PSOE y PODEMOS, favorece estos flujos migratorios (sabemos también de su colaboración con las oenegés implicadas en el tráfico de personas en el Mar Mediterráneo, de las cuales algunas están vinculadas a la manita de George Soros).

El PP de Madrid tampoco recela de conceder subsidios estatales a los MENAS. De hecho, Díaz Ayuso no solo llegó a darle lecciones de “buen cristiano” a Rocío Monasterio en sede parlamentaria, sino que llegó a proponer que las familias madrileñas apadrinasen y acogiesen a estos.

De este modo, todo el consenso progre-sociata, en sus distintas intensidades, está dispuesto a no hacer nada, ni por activa ni por pasiva, ante un problema migratorio que no escapa al “efecto llamada” sino que pone en peligro la seguridad y la libertad de los españoles.

Asimismo, a la vez que se aplaude a quienes corresponde que se haya abierto este debate tabú por ser políticamente incorrecto, no se renuncia a la oportunidad de hacer consideraciones sobre el tema, que puedan iluminar cierto campo de acción y, sobre todo, recalcar por qué hay que adoptar cierta postura.

El descontrol fronterizo es una idea muy contraria al principio de propiedad

Como explica Lew Rockwell, «las decisiones sobre inmigración son tomadas [actualmente] por una autoridad central, de modo que los deseos de los propietarios son completamente ignorados, no tomados en consideración»

Salvando ciertos avances en centralización (mal llamada “integración europea”) como el Tratado de Schengen, a día de hoy, la máxima competencia sobre fronteras la tiene quien ostenta el monopolio de la violencia sobre todo el territorio circunscrito a un Estado-nación.

Los demás límites geográficos en materia político-administrativa, ya se trate de demarcaciones comarcales, urbanas, municipales, provinciales o autonómicas no tiene otra utilidad que no sea determinar dónde tienen competencia los entes gubernamentales de dichas áreas, sin más.

En principio, solo se puede controlar físicamente la entrada en una propiedad privada (reservándose, como corresponde, derechos como el de admisión) del estilo de una casa o un establecimiento de actividades económicas.

Uno solo ha podido ver ciertos controles, ya fueran disuasorios o no bajo cierto prisma, a escala municipal o barrial con motivo de la estrategia política contra el COVID-19, que como se ha de saber, ha seguido las directrices marcadas del Partido Comunista Chino.

Descentralizar políticamente al máximo, hasta para saber quién puede entrar

La libertad de circulación no se ve vulnerada cuando uno determina que un tercero no puede ingresar en el espacio de su propiedad (explicado sea esto en un sentido algo amplio), sino cuando existe la coacción de retención de esa persona en un territorio determinado.

En otras palabras, la libre circulación depende de la no injerencia de entes como pudiera ser el Estado (o Estado moderno para otros). Con lo cual, no habrá ninguna contradicción, en principio, al proponer ordenar de manera descentralizada y acorde a la subsidiariedad estas gestiones.

Por lo tanto, del mismo que un individuo puede controlar quién entra y quién no en su casa (pese a que, por desgracia, el estatismo fracasa si se considera que garantiza la propiedad, como estamos viendo por cuanto los okupas tienen ahora las de ganar, muy desgraciadamente), que se controle quién puede entrar en los barrios.

No es cuestión de poner un agente de policía en cada esquina (lo cual no impide valorar mayores efectivos en zonas donde haya una mayor conflictividad, en pos de la seguridad del resto) ni de tener una videovigilancia similar a los estándares del totalitarismo chino. Básicamente se trata, con un ejemplo ilustrativo, de poder hacer lo mismo que en Hungría, a una escala menor (por ejemplo, El Ejido (Almería) o Parla (Madrid)).

De hecho, en una sociedad sin Estado, surgirían comunidades privadas con sus propias normas y reglas (igual que una empresa o una comunidad de un bloque de pisos, lo cual ratifica que el problema del antiestatismo no estriba en la regla y la autoridad per se), lo cual afectaría también a la admisión.

El Bienestar del Estado y la defensa propia, sin rechazar otras consideraciones

Obviamente, el ideal es el que es, del mismo modo que sería deseable una sociedad liberada del artificio revolucionario demoníaco llamado Estado. Pero no por ello vamos a dejar de lado una serie de consideraciones adicionales.

La defensa de la propiedad puede cobrar más sentido si un individuo tiene plenamente reconocido a utilizar un arma u otro mecanismo para defender tanto su integridad física como sus propiedades, en caso de ser víctima de una agresión externa. Con lo cual, no castiguemos a quien se defiende.

A su vez, cabe recordar que el Bienestar del Estado propicia un “efecto llamada”, que se intensifica cuando se prometen cuantiosos “beneficios” a los inmigrantes ilegales y se les garantiza una rápida nacionalización.

Estas consecuencias no solo suponen mayores niveles de endeudamiento y prebendas electoralistas clientelares, sino que agravan el expolio fiscal por cuanto el concepto de prestaciones a pagar contra voluntad se incrementa.

Con lo cual, valoremos positivamente todo avance de restricción de las limosnas de “efecto llamada” (avances en la buena dirección), aunque no olvidemos que el asistencialismo estatal es un lastre social absoluto, trascendiendo cualquier discusión más economicista.

En cualquier caso, se trata de dar mayor margen de maniobra a la sociedad para defenderse de quienes amenazan nuestro modo de vida, nuestros principios y tradiciones, y nuestra seguridad. Y es que también es cuestión de propiedad privada, lo cual tiene muchas manifestaciones.

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