La superioridad moral sanitaria de Más Madrid

La campaña electoral de los comicios autonómicos madrileños del próximo 4 de mayo comienza a arrancar. De hecho, esta misma semana, hubo novedades algo interesantes dentro del panorama más próximo a la extrema izquierda, con la noticia, según la cual, Pablo Iglesias concurría como presidenciable de PODEMOS a esas elecciones.

Él lo vende como una estrategia para intenta frenar un hipotético “gobierno de ultraderecha” (en alusión a la deseable y preferible coalición de gobierno entre el PP de Isabel Díaz Ayuso y el VOX de Rocío Monasterio, en torno a un programa conservador y favorable a la libertad económica en cierta medida).

También consta que intentó eclipsar a aquellos comunistas que le acarrean una división del voto desde 2019 (el dividido bando errejonista), ofreciendo un acuerdo electoral a estos, el cual fue rechazado finalmente. Eso sí, no hablaremos tanto sobre la formación del nieto de Manuel Iglesias, sino de esos “rivales de familia idéntica” (Más Madrid).

El subtítulo oculto “Más Salud”

Una de las principales bazas de la izquierda madrileña en pro del intervencionismo económico y el problemático Bienestar del Estado es la llamada “privatización de los hospitales” madrileños, que no trasciende de un mero acto propio del “capitalismo de amiguetes” que afectaba a la externalización de la gestión de esos centros.

Cierto es que en otras regiones hay convenios con clínicas privadas para descongestionar las hipertrofiadas y colapsadas listas de espera para determinadas pruebas e intervenciones así como que la gestión de hospitales a cargo de empresas privadas no era algo exclusivo de regiones gobernadas por el PP. Pero claro, montar una “marea blanca” no podía estar exento de fines políticos.

También se han quejado por el uso de los impuestos para construir un “hospital de emergencias” no muy lejos del Aeropuerto de Barajas, con la intención de “descongestionar” en situaciones de crisis la atención en los hospitales convencionales. Sí, sin decir al mismo tiempo nada sobre las pésimas condiciones del complejo de IFEBA – Badajoz o los “techos voladores” en Valencia.

El caso es que la crisis del COVID-19 no solo ha servido para alimentar una histeria colectiva que permita asimilar mejor las continuas invasiones de libertades (estrangulamiento económico y social que, afortunadamente, no es tan intenso en Madrid, lo cual es de agradecer, por cuanto podemos disfrutar de una libertad relativa mucho mayor que en el resto de España).

Lo digo porque una parte de la izquierda radical ha conseguido hacer un retrato perfecto, fortaleciendo a una parlamentaria que ejerce simultáneamente la profesión médica (en calidad de anestesióloga, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, titularidad del estatal Servicio Madrileño de Salud), vendiéndola como “heroína en primera línea frente a la pandemia”.

Las incongruencias, al orden del día

Vale, Mónica García puede tener mayor superioridad moral (según ellos) para hablar sobre política sanitaria que Isabel Díaz Ayuso (formada en lo relacionado a la comunicación) y Rocío Monasterio (exitosa arquitecto que no ha necesitado ninguna clase de cuota de género o normativa de “discriminación positiva” para prosperar económica y profesionalmente).

Pero no es necesario siquiera remontarse a los episodios más sanguinarios de la historia del comunismo para discutir esta idea. El caso es que, como dice el Evangelio de Mateo, por sus frutos (hechos) los conoceremos (a los de Más Madrid). Y no ha sido difícil (salvo que uno no quiera ver o tenga una ingenuidad de la que haya que compadecerse).

Un médico ha de tener grabado en su cerebro el juramento hipocrático, que le prohíbe en toda situación la negativa a salvar una vida o aliviar el dolor. Una buena convicción moral no debe dejar lugar a dudas en lo que concierne al compromiso con el mismo (de hecho, no es muy difícil entender que un profesional de la salud tiene la misión que tiene).

Con lo cual, no tiene mucho sentido que una anestesista tenga “fantasías mentales” sobre asesinatos a tiros, que aniquilasen completa y vitalmente a cualquier disidente político. Esto se le puede atribuir a Mónica García, cuando el año pasado simuló disparar con un gatillo (haciendo mero uso de sus dedos) a Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda.

Por otro lado, cabe recordar que los errejonistas no votaron el pasado jueves 18 en contra de la tramitación final de ese exterminio conocido como eutanasia (según el cual, el Estado faculta para determinar qué vidas pueden dejar de ser vividas), lo cual, por desgracia, acabó saliendo adelante (y ojo, que sueñan con acabar con la objeción de conciencia).

¿Es menos criminal la “nueva izquierda”?

La dignidad humana no se basa en mayor socialismo

Dejando aparte cuestiones como el perjuicio del estrangulamiento económico a la salud mental y física y los desgastes asistenciales del colapsado Bienestar del Estado, conviene tener claro que nunca ha aumentado la esperanza de vida por el mero hecho de fomentar el estatalismo (contrario al principio de subsidiariedad).

Pero para nada es coherente presumir de “salvar vidas potenciando lo público” si deseamos “matar a tiros” a políticos de la oposición o avalamos proyectos de exterminio que se fundamentan en la cultura de la muerte. Salvar vidas no es una cuestión de demagogia, planificación centralizada o envidia socialista, sino de hacer lo que hay que hacer como médicos y de no poner obstáculos a este buen hacer.

Por Ángel Manuel García Carmona

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