La “nueva normalidad”: el aborto a toda pastilla

El gobierno radical de Pedro Sánchez no juega limpio. Reclama unidad en estos momentos, pero no hace más que aplicar políticas divisoras en estos momentos. Unos momentos que efectivamente requerirían unidad, pero para los que habría que aparcar las agendas políticas respectivas. Y si no, pues que no se reclame unidad. Pero es que además las medidas políticas divisoras que está aplicando el gobierno en primer lugar las está aprobando a marchas forzadas, y en segundo lugar en estado de alarma y con el consiguiente recorte en los derechos de fiscalización y protesta, que van desde la limitación de la vida parlamentaria a la limitación de los derechos de reunión o circulación y hasta incluso el confinamiento. O sea, que en estos momentos en que sería deseable la unidad para enfrentar la pandemia el gobierno no sólo no aparca su agenda política más radical sino que la acelera. Esto significa dos cosas. En primer lugar que le importa más su agenda política que la unidad y la lucha contra la pandemia. En segundo lugar que se está aprovechando del estado de alarma y las limitaciones de derechos de los ciudadanos y de la vida parlamentaria para imponer esa agenda. El último ejemplo tiene que ver con el deseo del ejecutivo de impulsar el aborto farmacológico.

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La Dirección General de Salud Pública ha iniciado un trámite de consulta y participación pública sobre el proyecto de modificación del Real Decreto 831/2010 de Garantía de la Calidad Asistencial de la Prestación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

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El gobierno pretende impulsar el aborto farmacológico frente al aborto quirúrgico en las primeras 9 semanas de embarazo. Los motivos expuestos son que así se pretende abaratar costes, liberar recursos quirúrgicos para otras intervenciones y evitar que casi el 90% de los embarazos acaben realizándose en centros privados.

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“La saturación de las instalaciones quirúrgicas en el sistema público hacía que la demanda se reorientara hacia el sector privado, que creó instalaciones específicas para este fin, y consiguió que más del 85 por ciento de la demanda de la interrupción voluntaria del embarazo se realizara en instalaciones privadas, que debían ser costeadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de sus Comunidades Autónomas, al ser considerada una prestación reglada y financiada por el sistema público”.

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“Se puede utilizar el método farmacológico en embarazos no deseados que no superen las nueve semanas de gestación, que son la mayoría. Con la atención en centros de Atención primaria extra hospitalaria, se puede proporcionar esta prestación, resolviendo al mismo tiempo los dos problemas   anteriormente descritos”.

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 “No solo es oportuno el nuevo método, sino que es más económico”.

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Curiosamente, frente a algunos pomposos discursos, la reforma viene a reconocer que los médicos del sistema público no están por la labor de dedicarse a acabar con vidas humanas en vez de salvarlas al señalar que, de no aceptarse la apuesta por el aborto farmacológico, los abortos tendrían que seguir siendo practicados  (particularmente aquellos en los que el niño está sano y no hay riesgo para la madre, que son la inmensa mayoría) casi exclusivamente en centros privados : “la obligación que los centros públicos hospitalarios atendieran esta demanda y que se crearan unidades públicas específicas dentro de los hospitales para las interrupciones voluntarias del embarazo, lo que resultaría complejo y difícil de aceptar por el personal y responsables sanitarios”.

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Volviendo al principio y a la naturaleza consultiva de este primer movimiento del gobierno, interesa subrayar que “los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este documento, durante el plazo de 15 días naturales, hasta el 4 de febrero de 2021, a través del siguiente buzón de correo electrónico: normativa.dgspci@mscbs.es. Por protestar que no quede, aunque sólo sea porque mandar un correo a un buzón electrónico (del gobierno) es casi lo único que todavía se nos permite hacer sin que lo prohíba el gobierno o lo censure el gran cártel tecnológico del NOM.

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