Galicia impondrá multas de hasta 120.000 euros por saltarse la cuarentena. Así lo ha anunciado el gobierno presidido por el popular Feijóo en un intento por limitar la expansión de los contagios. Esta extraordinaria sanción se impondrá a las personas contagiadas o sospechosas de estar contagiadas que se salten de forma más flagrante las medidas de cuarentena impuestas sobre ellas. Otras comunidades preparan sanciones similares.
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Seguramente es lógico que efectivamente se imponga una sanción a las personas que se salten una cuarentena, pero no es esa sin embargo la cuestión más llamativa del caso, ni siquiera la elevadísima cuantía a la que puede llegar esa sanción.
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Lo llamativo del caso es que, si hacemos memoria, hace unos meses la Xunta recomendaba seguir haciendo vida normal al volver de una zona de riesgo a haber estado con personas infectadas. ¿Y cómo sabemos esto? Aparte de gracias a Google, porque es lo mismo que recomendaba el Gobierno de Navarra, y lo mismo que recomendaba el Gobierno de España, porque eran medidas “consensuadas”. Dios bendiga al consenso.
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La pregunta por tanto no es si está mal sancionar a las personas que se saltan una cuarentena, sino cuál debería ser el castigo para los gobernantes que nos han recomendado tras volver de países de riesgo o tras haber estado con personas infectadas que no hiciéramos cuarentena, que hiciéramos vida familiar normal, que fuéramos normalmente al trabajo y que nos relacionáramos normalmente con los amigos y nuestros contactos sociales, hasta que empezáramos a mostrar algún síntoma. Si al que se salta una cuarentena le quieren poner 120.000 euros de sanción, ¿qué sanción habría que ponerles a los que nos recomendaron saltarnos todas las cuarentenas en el momento clave de la pandemia?
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¿Con qué cuajo unos políticos que no han asumido ninguna responsabilidad por sus desastrosos actos consensuados pueden andar ahora imponiendo sanciones de 120.000 euros a los ciudadanos sin despeinarse?
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¿Por qué seguimos teniendo el mismo gobierno que nos llevó al matadero?
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¿Qué confianza podemos tener en un gobierno y unos portavoces que nos aconsejaron exactamente lo contrario de lo que había que hacer en los momentos decisivos de la pandemia?
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Los que ahora ponen sanciones de 120.000 euros a los demás por una infracción, ¿cuál creen que es la sanción que merecen ellos por unas recomendaciones mucho más graves y nocivas que la infracción de cualquier particular?
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¿Y qué periodismo y qué medios tenemos en este país que no hay un clamor mediático y popular para exigir esa responsabilidad?
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Siempre se ha dicho que el miedo a lo desconocido es un instrumento de poder y que una población aterrorizada es una población sumisa. También es suficientemente conocido que quien ostenta el poder sabe aprovecharse de esa circunstancia, preferentemente, si se trata de partidos con tintes totalitarios. Esta realidad se ha hecho mucho más evidente en los momentos que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del Covid19 (en España, llamémosle mejor “Covid 8M”). Efectivamente, es asombroso comprobar como ante unas normas impuestas por el Gobierno, sobre las que no existe consenso ni evidencia científica clara sobre sobre su eficacia, el miedo actúa como anestésico de la racionalidad incluso, en personas poseedoras de una elevada formación intelectual y con un grado de raciocinio demostrado a lo largo de su trayectoria vital. Llegados a este punto, ante la pregunta: ¿por qué en este país no hay un clamor popular para exigir responsabilidades al Gobierno?, es lógico contestar: por miedo. Ya se sabe que
“cuando el miedo entra por la puerta, la razón huye por la ventana”
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