A medida que la tasa de usuarios de Internet ha ido creciendo exponencialmente, más accesibles han estado determinados contenidos. Son varios pero, del mismo modo que, por ejemplo, es muy fácil instalar en tu smartphone un montón de videojuegos de la App Store, el contenido explícitamente sexual cada vez tiene más espectadores (sin necesidad de abonar ni un céntimo por ello).
De acuerdo con el psicólogo Alejandro Villena, España es el duodécimo país del mundo donde mayor es el consumo de pornografía (un ochenta por ciento de los varones, reduciéndose la puntuación a la mitad en el caso de las mujeres). Mientras, atendiendo a Marc Masip, psicólogo y experto en Nuevas Tecnologías, estamos a unos 20’6 puntos de la media europea.
El asunto, relacionado en cierto modo con la crisis de valores morales que sufre nuestra sociedad, no deja de ser otro de los “tabúes” impuestos por los guardianes de la corrección política, siempre dispuestos a intimidar al crítico. Ahora bien, hay quienes se han atrevido (aplaudidos sean por ello) a cuestionar cierta actitud de todo amén.
Es el caso del artículo Por qué un liberal debe combatir la pornografía, publicado en Actuall por el catedrático universitario hispalense y miembro de VOX Francisco José Contreras Peláez. En el mismo aborda una serie de cuestiones a suscribir en líneas generales, aunque me gustaría hacer, de paso, una especie de “réplica”, precisamente, por su consideración de intervención del Estado.
Una inmoralidad en toda regla
Tenemos razones para preocuparnos por la hipersexualización y otras tendencias liberacionistas dadas en la sociedad actual, bajo un marco completa y plenamente hedonista. Estamos demasiado impulsados por el epicureísmo y el cortoplacismo (por un lado somos víctimas del asistencialismo estatal mientras que por otro vivimos demasiado en el consumismo).
En base al materialismo, no le otorgamos el valor adecuado a las personas y a las cosas, mientras que consideramos el dinero como un fin en sí mismo en vez de como un medio para prosperar progresivamente como sociedad. Por ello, no ha de extrañarnos, en absoluto, que esté habiendo un auge de algo en concreto como la pornografía.
Rompemos además con la adecuada e idónea cuestión de la sexualidad como algo íntimo entre dos personas que en realidad se amen. La producción del contenido erótico implica la auto-vulneración de la misma a cambio de cuantiosas sumas de dinero (aparte de cierta presunción estética, de físico).
Una vez publicado el contenido, el espectador opta por visualizarlo para alcanzar, normalmente a solas, una especie de orgasmo (situación placentera) temporal. Por muy voluntarios que sean tanto el rol de actor como el de espectador, no dejamos de alejarnos de una situación en la que una persona excita sexualmente a alguien desconocido y lejano.
Entre sus usuarios hay quienes, conscientes de que es moralmente dañina, igual que el alcohol (no solo causa perjuicios orgánicos y neuronales, sino que, en sí, en caso de consumo excesivo, puede provocar una muy considerable distorsión y apartamiento de la propia conciencia), se permiten una “mera y momentánea resaca sexual”.
Riesgo de severa corrupción de la persona
Hay situaciones en las que “todo se puede desmadrar”. Del mismo modo que la adicción a los juegos de azar puede desembocar en episodios de ruina económica y ruptura amistoso-familiar, la pornografía en sí puede causar considerables perjuicios que agravan lo que, en cierto modo, de por sí, bajo mínimos, daña lo que se considera como virtud.
Por un lado, no solo se puede incentivar la tendencia a la promiscuidad (mayor entre las parejas del mismo sexo), sino aumentar la despreocupación ante la necesidad de que una sociedad sea fértil y floreciente. Gracias al fácil acceso al “porno”, uno puede no encontrar sentido a la cohabitación hasta la muerte natural así como tampoco a la procreación.
Mientras, una obsesión demasiado compulsiva con el contenido pornográfico puede ir más allá de la voluntaria pero inmoral satisfacción entre dos jóvenes en una noche de fiesta. Muchos violadores sexuales, independientemente de las modalidades porno que hayan visto a través de Internet, “le deben bastante” a este para haber incurrido en sus deplorables delitos.
No es necesario actuar prohibiendo desde arriba
Sin ninguna duda, hemos de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión para reprobar y combatir lo que, con razón, el autor del artículo replicado considera como una “plaga social”. Pero, como acertadamente sostenía Santo Tomás de Aquino, la ley humana no está para prohibir y perseguir penalmente cualquier actitud “contraria a la virtud”.
No obstante, el hecho de que ni todo lo legal pueda ser moral ni todo lo inmoral, ilegal, no implica que debamos de permanecer totalmente impasibles. “Desde abajo”, es decir, en el seno de la sociedad, podemos actuar, en la consecución de un orden social bajo patrones morales adecuados, tomando acciones que resulten tanto en educación como en acción preventiva.
Para comenzar, los padres han de educar a sus hijos en base a determinados valores, lo cual implique advertir sobre la corrupción que puede ir intrínseca al fenómeno pornográfico (también puede utilizar software de control parental sobre contenidos a consultar en Internet, incluso recurrir a una configuración de las líneas de telefonía y de conexión).
Mientras, asociaciones que representen a la sociedad así como a cuerpos intermedios (iglesias, comunidades educativas, profesionales médicos y psicológicos…) pueden colaborar en la labor de advertencia. A su vez, el adulto, básicamente debería de ser consciente de la inmoralidad de sus acciones así como reflexionar tanto a priori como a posteriori. El cargo será llevado por su conciencia…
Adicionalmente, los proveedores de servicios de Internet que lo deseen, del mismo modo que pueden ajustar la velocidad de conexión en función del contenido a visualizar, siempre a favor del cliente, rompiendo con la liberticida neutralidad de la red, pueden penalizar económicamente (o en términos de velocidad) el consumo de contenido pornográfico.
Nada de esto implica desproteger a nadie
Lo que, sin ninguna duda, tanto los Estados como quienes, en una sociedad sin estos, tengan competencias sobre seguridad y justicia, han de hacer es perseguir penalmente (con penas de prisión) a los agresores, acosadores y violadores sexuales, a los pederastas, a los productores de pornografía infantil y a quienes hagan difusiones no consentidas de contenidos sexuales.
Que no considere que lo mejor sea que el Estado prohíba algo directamente no implica que la sociedad deba de ser tan relativista como para permanecer impasible y promoviendo la inmoralidad (en vez de favorecer la fertilidad social). Y no, no debemos de consentir que se acabe permitiendo, impunemente, tal y como desean los ingenieros sociales de género, la comisión de actos de pedofilia.
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