Levitas, camisas y corbatas o camisetas

El día 4 de enero de 1977, se publicó la Ley para la Reforma Política aprobada unos días antes por las Cortes franquistas. Ahora hace 40 años, fecha mítica que el subconsciente nos lleva a recordar los cuarenta años del franquismo, aunque en realidad fueron 37. Fue un momento histórico que no conviene olvidar en estos momentos políticamente convulsos. En ese mismo año de 1977, el 15 de junio, se celebraron las primeras elecciones generales libres desde 1939 que permitieron, por su carácter de constituyentes, aprobar la Constitución de 1978. Ambas leyes fueron aprobadas por los españoles convocados en referéndum. La primera por el 94% de una participación del 80%; la segunda por el 92% del 67% de participantes.

En aquella ocasión el pueblo español se mostró muy maduro políticamente, quizá porque sus líderes políticos supieron serlo en tales trascendentes momentos, y dieron paso con normalidad a un sistema democrático desde un régimen autoritario. Se habían pasado dos años defendiendo posiciones políticamente contradictorias. Unos, los involucionistas, luchaban por mantener el régimen anterior y continuar con el viejo uniforme de las “levitas”. Otros, la platajunta, formada entre otros por el PCE, PSOE y los nacionalismos periféricos, defendían la ruptura radical con el régimen anterior; eran partidarios de la informalidad de las “camisetas”. Finalmente, hubo terceros que perseguían la reforma del sistema apoyados en la idea, de don Torcuato Fernández Miranda, de avanzar hacia la democracia “de la ley a la ley a través de la ley”. Es decir, una opción centrista, de hábito moderno “camisas y corbatas”, que evitaban saltos en el vacío, inseguridades jurídicas, riesgos innecesarios, situaciones de violencia y revancha, de subversión que tan fatales consecuencias habían traído a España en el pasado reciente, y que se apoyaba sobre compromisos de reforma serios. Lo que algunos llamaron la ruptura pactada.

En los años transcurridos, a los problemas políticos y sociales se les ha encontrado soluciones pragmáticas, convenidas y concordadas entre posiciones extremas. Como reconoció un ilustre líder socialista, después de un viaje a China: lo importante no era que el gato fuera blanco o negro, sino que cazara ratones. La monarquía ha actuado de poder moderador. El título VIII de la constitución, con sus indeterminaciones jurídicas, ha permitido el desarrollo del sistema más descentralizado del mundo. Los tribunales son garantes del estado de derecho. España está integrada en el contexto internacional. En la educación hemos sido capaces de arrumbar la primitiva idea de una escuela única y laica y encontrar la colaboración de lo público y privado bien adobados por el principio de libertad de elección y creación de centros. En salud y servicios sociales se complementan los servicios públicos y los privados. La economía se soporta en el sistema del mercado. Empresarios y sindicatos hallan los puntos de encuentro.

La Reforma nos ha traído hasta esta situación de democracia y libertad. Sin embargo, algunos jóvenes, añorantes de los partidarios de la camiseta, como si nada hubiera ocurrido y no hubiera habido una transición pactada y aprobada por el pueblo español, han perdido la madurez y se han vuelto a la adolescencia política. Recuperan la vieja y trasnochada idea del gatopardismo que dice “que todo cambie para que todo siga igual” y pregonan que han sido engañados. Por tanto, según ellos, el sistema, los partidos tradicionales, ordenan fraudulentamente la democracia española y son responsables de sus supuestos males. Hay que combatir el sistema y los partidos. El No (algunos remachan con el qué parte del No) se convierte en herramienta política. Ya no vale la participación, el encuentro y el acuerdo. De modo irresponsable, sin alternativa, quieren derogar las leyes anteriores, incluso la Constitución que las legitima. Dicen ser abiertos y transparentes para tratar de disimular su populismo, demagogia y vocación autoritaria.

Por su parte, los nacionalistas se aprovechan, como siempre, y nos empujan interesadamente al precipicio con la verborrea de ser adalides del diálogo, el acuerdo y la no judicialización de los asuntos políticos, cuando en realidad sus herramientas políticas son la imposición, las posiciones cerradas y el enfrentamiento. Dicen que los tribunales están politizados; que el derecho a decidir permite hacerlo unilateralmente sobre lo que es de todos; que la libertad de expresión les permite escapar de sus responsabilidades penales.

Unos y otros son involucionistas y están destruyendo el espíritu de la transición.

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