La lucha contra el fraude fiscal en Navarra, la caída del mito progre de la semana

Las cantidades recuperadas por la Hacienda Foral en la lucha contra el fraude caen por tercer año consecutivo

Hay una noticia reciente que ha pasado bastante inadvertida, siendo sin embargo bastante relevante en lo económico y en lo ideológico. Nos referimos a que “La crisis lastra también los resultados de la lucha contra el fraude, que caen por tercer año”. Según los datos publicados por el Noticias, los importes recuperados vía gestión e inspección caen prácticamente a la mitad en los últimos años y en 2015 se obtuvieron apenas 75 millones, la cantidad más baja de la última década.

Desde el punto de vista económico, que la lucha contra el fraude aflore sólo 75 millones de euros o que caiga por tercer año consecutivo pone en evidencia que difícilmente van a ponerse en orden las cuentas públicas o pagarse el estado del bienestar sólo mediante la lucha contra el fraude, como algunas formaciones políticas pretenden. La lucha contra el fraude, por ejemplo, constituye uno de los pilares del aumento de gasto que proponen en su programa conjunto Podemos e IU.

En primer lugar, 75 millones es una cifra insignificante respecto al coste de la administración pública navarra. Los Presupuestos Generales de Navarra, incluyendo el coste financiero, rondan los 4.000 millones de euros. Respecto a una cantidad de esta magnitud, los 75 millones aflorados resultan una cantidad insignificante. Ningún político serio puede pretender que va a pagar el estado del bienestar o una renta básica universal mediante el dinero que se puede obtener de la lucha contra el fraude. Con esa cantidad ni siquiera se cubre lo que ya estamos gastando de más respecto a lo que ingresamos, como para aumentar más el gasto. Esto no quiere decir que no se deba luchar contra el fraude fiscal, pero es evidente que en el mundo real de ahí no se va a sacar suficiente dinero para pagar ni siquiera el estado del bienestar que ahora mismo tenemos.

En segundo lugar, hay una explicación para que los resultados de la lucha contra el fraude sean menguantes. El fraude es una constante. La gente intenta defraudar siempre, con crisis y sin crisis. Si el volumen de la economía es 100 y el fraude un 10%, el volumen del fraude será 10. Pero si durante la crisis la actividad económica se reduce a 80, el volumen del fraude será 8. Es decir, durante las crisis de hecho hay menos fraude, porque también hay menos actividad económica. El artículo del Noticias cita como ejemplo la venta de pisos, que se ha desplomado en los últimos tiempos. Es por esto que durante los últimos años ha caído lo que Hacienda aflora en la lucha contra el fraude, al mismo tiempo que caía la actividad económica. Por esto mismo, es irreal pretender que con la actividad económica cayendo se puede aumentar significativamente el dinero que aflora en la lucha contra el fraude. No es teoría, a los hechos nos remitimos.

Finalmente, cabe citar una vez más que cuando se habla de la lucha contra el fraude y de dedicar más recursos a la lucha contra el fraude, todo el mundo piensa en que haya más inspectores controlando a las grandes empresas y los ricos, pero este también es un pensamiento bastante ilusorio. ¿Cuántos inspectores hacen falta para fiscalizar a las empresas del IBEX 35 o a las personas más ricas de España? ¿Miles? ¿Cientos? ¿O acaso bastaría con unas decenas?

Para fiscalizar las grandes empresas y grandes fortunas hay inspectores de sobra. Cierto es que a menudo estas personas y empresas disponen de mecanismos que les permiten eludir más fácilmente los impuestos o al menos pagar lo mínimo que les permite hasta el último resquicio legal, pero esto esto es así al margen del número de inspectores que las fiscalicen. Llega un punto en que no hacen falta más inspectores para fiscalizar las cuentas de las empresas más importantes. Para lo que Hacienda necesita una legión de inspectores es para fiscalizar a la enorme masa de contribuyentes que forman las clases trabajadoras o también las pequeñas y medianas empresas. A su vez, muchas veces la administración, acuciada por la falta de fondos, actúa contra los pequeños y medianos contribuyentes de la forma más severa que permite la ley e incluso más allá. La mitad de los recursos contra Hacienda los ganan los contribuyentes, por lo menos los que llegan a recurrir. Además una legión de inspectores hay que pagarla. Puede darse la paradoja de que un ejército de inspectores, a partir de cierto punto, costara más de lo que aportara. Cuidado por tanto con lo que desea, si lo que desea son más inspectores, no sea que sus deseos se cumplan.

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Comentarios (4)
  1. fertxu says:

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  2. Eso Fertxutzutzu, por un estado que te clave a impuestos para pagarte unas pensiones futuras que no se corresponderán con lo que se ha pagado, y el dinero se ha ido perdiendo por el camino.
    Otro tipo que todavía no se ha enterado que es un sistema piramidal que lleva a la estafa en cuanto no se incrementa todos los años la base, se cae por su propio peso, o por su falta de peso.

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  3. clarete 2011 says:

    De ser cierto que las grandes empresas instaladas en Navarra, son las que más defraudan, ¿no sería conveniente llegar a establecer un convenio con cada una, acordando el pago de una cantidad fija cada año, al estilo del cupo que la Hacienda Foral paga a la Hacienda del Estado? . Además, esa solución podría atraer más inversión a Navarra. ¿Sería eso factible dentro de nuestra autonomía fiscal?. Claro, pero pedir imaginación a los políticos, sobre todo a los actuales… A estos solo se les ocurre inflarnos a impuestos creando en Navarra un verdadero infierno fiscal, sin tener en cuenta que, como dijo Winston Churchill

    Tratar de levantar una nación a base de subir los impuestos, es como un hombre con los pies dentro de un cubo tratando de levantarse tirando del asa. (Winston Churchill).

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  4. clarete 2011 says:

    En cuanto al sistema de pensiones que rige en España, que parece que tanto le gusta a Fertxu (lo cual, convierte al citado sistema en alarmantemente sospechoso), se da la circunstancia de que, si un grupo financiero quisiera poner en marcha un plan de pensiones privado y voluntario, con las mismas características de nuestro sistema de la Seguridad Social, automáticamente el Estado le denegaría el permiso al ser ilegal por fraudulento. Verdaderamente curioso ¿no?.

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