La idea de liberalizar el suelo (con las lógicas limitaciones que impongan la seguridad, el sentido común o el respeto al medio ambiente) viene propugnándose sin éxito con alguna insistencia. En su contra, sin embargo, juegan notables intereses. La recalificación del suelo es el gran negocio de los ayuntamientos. Ellos han sido los grandes beneficiarios del boom del ladrillo sin arriesgar un euro. La liberalización no sólo rompería el estrangulamiento de la oferta de suelo, sino que eliminaría una posible fuente de corrupción en los ayuntamientos.
Por extraño que parezca, los argumentos en contra de la liberalización del suelo suelen basarse en que ésta favorece a los especuladores. La lógica parece indicar que más bien sucedería lo contrario.
Suele ponerse el ejemplo de un país en el que la única forma de conseguir agua fuera sacándola de los pozos. Ahora imaginen que el gobierno decide que sólo se pueden abrir los pozos que él autorice. Ello provocaría que se abrieran menos pozos, produciéndose escasez de agua y que los terrenos donde se permitiera abrir un pozo fueran mucho más caros que los terrenos colindantes sin pozo. Las posibilidades abiertas a la corrupción del encargado de decidir dónde se puede abrir un pozo y dónde no resultarían extraordinarias. ¿Cómo es posible argumentar que abrir libremente todos los pozos posibles dificultaría el acceso al agua? ¿Cómo sostener que permitir abrir cualquier pozo sólo favorece a quienes ya tienen permiso para abrir un pozo? ¿Cómo darían ustedes de beber más a la gente y más barato, abriendo o cerrando pozos?
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