La propuesta de UPD.
La propuesta del partido de Rosa Díaz exigía el cumplimiento inmediato del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local. Dicho artículo posibilita la disolución de los ayuntamientos “en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”. Más específicamente, señala que “se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”. La aplicación de este artículo, por consiguiente, parece ampliamente justificada en el caso de corporaciones cuyos miembros pertenecen a unas siglas ilegalizadas por formar parte de ETA. La aplicación de este artículo, por ejemplo, fue la que permitió en su día la disolución del ayuntamiento de Marbella.
La lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.
En el mismo día en que se debatía esta propuesta, La Unión Europea añadía a ANV y el PCTV a su lista de organizaciones terroristas. Se trata de una lista en la que ya figuraban ETA y Batasuna y que se revisa periódicamente. La inclusión de ETA y Batasuna en las listas de organizaciones terroristas de todas las democracias occidentales se completa con su inclusión en la lista que también elaboran los EEUU.
El País da la clave: las elecciones vascas.
A nadie se le escapa que la legalidad, semi-legalidad e ilegalidad de ANV se ha correspondido exactamente con determinados escenarios e intereses políticos y electorales. El actual presidente del PNV y testigo de excepción del llamado “proceso de paz”, Iñigo Urkullo, llegó a declarar que la ilegalización de ANV previa a las autonómicas y municipales del 2007 se realizó “con la calculadora en una mano y la aplicación de la Ley D’Hondt en la otra”. El ministro Bermejo, por su parte, posteriormente habló de actuar contra ANV “en el momento en el que la jugada lo aconseje”. Diversos analistas interpretan la pasividad frente a ANV como síntoma de una posible negociación con ETA. El diario El País, sin embargo, lo tiene tan claro como para titular que “El Gobierno no irá contra ANV antes de los comicios vascos”. Efectivamente, da la impresión de que dichos comicios son un punto de inflexión en este asunto. Cualquier posible actuación se ha ido demorando hasta hacerla imposible antes de los citados comicios. En esa línea habría que interpretar los 82 días que demoraron la Fiscalía y la Abogacía del Estado la petición de ejecución de sentencia tras la ilegalización de ANV. El PSE y el PNV aparecen empatados en las encuestas y al menos existe una relación temporal entre la actuación del gobierno contra ANV y la pretensión de ampliar hacia la frontera nacionalista el perfil del PSE de cara a las elecciones vascas.
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