La ETA ilegal vive de sus víctimas a través de la ETA legal.

La fiscalía pide 240 años de prisión para 22 miembros de Udalbiltza entre los que se encuentran varios ciudadanos navarros: José Manuel Jurado, concejal de Batasuna en Villava u Oscar goñi Petrirena, concejal batasuno de Vera de Bidasoa.

Según el Tribunal Supremo en su auto de ilegalización de ANV, uno de los acusados (José Manuel Jurado) y otros miembros de Batasuna se reunieron el 14 de abril de este año en Alsasua con los cabezas de lista que se iban a presentar por ANV en las elecciones del 27-M.

Todas estas evidencias demuestran una vez más cómo el proceso-trampa iniciado por el PSOE ha permitido le reconstrucción de una ETA legal, paralela a la ETA ilegal, que gestiona el dinero público, vota en las instituciones, decide sobre los ciudadanos, recaba información, reparte subvenciones, convoca manifestaciones, accede a los medios y financia a la ETA ilegal. Puede hacer todo esto desde la legalidad sin ni siquiera condenar los atentados. Naturalmente cuenta para ello con la pasividad del gobierno y la fiscalía general del estado, los poderes públicos que debieran velar para que esto no sucediera.

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